Magnus
La Ley de Libertad de Información de 2000, que en realidad entró en vigor alrededor de cinco años después de su aprobación, otorga a los ciudadanos de Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte (existe una Ley del Parlamento diferente para Escocia) el derecho a solicitar información que aún no esté disponible en el dominio público de una amplia gama de organismos públicos. Por lo tanto, el público puede escribir a un organismo público según se define en la Ley y solicitar documentos, estadísticas y otra información de cualquier fecha.
La organización tiene entonces 20 días hábiles en los que debe responder a la solicitud, ya sea entregando la información solicitada o dando una razón legítima para retener la información según lo estipulado en la ley. Hay varias razones por las que un organismo público puede negarse a divulgar la información solicitada. El hecho de que tenga que ver con la formulación de la política gubernamental o que la solicitud sea demasiado grande y cueste demasiado, son solo dos exenciones de la legislación.